Se ha puesto en marcha por parte de la Comisión Europea la segunda fase de consulta a los interlocutores sociales europeos sobre su próxima Ley de Empleo de Calidad.
La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para mejorar la competitividad y la prosperidad de la UE y fue anunciada por la presidenta Ursula von der Leyen en su discurso sobre el estado de la Unión de 2025. La propuesta, que se presentará este año, tendrá por objeto mejorar las condiciones de trabajo, la salud y la seguridad en el trabajo, así como los derechos de los trabajadores en toda la UE.
La consulta se centra en cinco posibles ámbitos prioritarios de actuación de la UE. Más concretamente, la gestión algorítmica y la inteligencia artificial en el ámbito laboral para garantizar la transparencia, el enfoque centrado en las personas en la toma de decisiones automatizada y la protección de los empleados frente a una vigilancia excesiva; la seguridad y la salud en el trabajo, actualizando la normativa sobre los lugares de trabajo fuera de las instalaciones de la empresa y abordando riesgos específicos, como los relacionados con el teletrabajo y los riesgos psicosociales (por ejemplo, el acoso sexual en el trabajo); los derechos de los trabajadores en las cadenas de subcontratación, mediante la mejora de la transparencia, la responsabilidad y la aplicación de la normativa para prevenir la explotación laboral; las transiciones digital y ecológica justas, mediante el desarrollo de capacidades y el diálogo social para garantizar que ningún trabajador se quede atrás cuando las empresas se adapten a la economía cambiante; y, por último, se hará hincapié en el cumplimiento y el papel de los interlocutores sociales mediante el refuerzo de las inspecciones de trabajo, las sanciones contra los empleadores por incumplimiento y el diálogo social.
La segunda fase de consulta a los interlocutores sociales se desarrollará hasta el 28 de septiembre. Tras esta consulta, los interlocutores sociales pueden optar por iniciar negociaciones para alcanzar un acuerdo conjunto. La primera fase de la consulta tuvo lugar en diciembre de 2025 y enero de 2026 y recabó aportaciones de 34 interlocutores sociales a escala de la UE (12 sindicatos y 22 organizaciones patronales).