El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, manifestó la firme oposición de España al nuevo reglamento de retorno durante su intervención en el Consejo de Ministros de Interior celebrado esta semana en Luxemburgo.
Grande-Marlaska expresó las «serias dudas» del Gobierno español sobre la legalidad y proporcionalidad de la creación de centros de retorno en terceros países, criticando que el internamiento deje de ser una opción de último recurso al ampliarse el periodo de privación de libertad hasta 24 meses, con prórrogas «potencialmente indefinidas».
El ministro planteó una inquietante pregunta en su intervención: «¿Vamos a permitir que personas en una situación administrativa irregular estén privadas de libertad más tiempo que criminales condenados por delitos graves?«. Para él, esta situación es inaceptable no solo para España, sino también para la Unión Europea, que se basa en los derechos y libertades fundamentales.
Además, Grande-Marlaska subrayó su preocupación por los convenios no vinculantes que se están considerando, los cuales carecen de garantías adecuadas para los derechos de las personas. A su juicio, esto podría resultar en que familias con niños sean retornadas a países sin ningún vínculo previo. En este sentido, el ministro también hizo hincapié en la importancia de las relaciones bilaterales en la política migratoria, destacando que la cooperación ha logrado reducir en más de un 60% las llegadas irregulares a Canarias.
