Hay armas que matan dos veces. La primera, cuando estallan. La segunda, cuando el conflicto termina y la tierra que las alberga sigue sin poder ser pisada, cultivada ni habitada durante décadas. Las minas antipersona son, en este sentido, una forma de guerra que sobrevive a la guerra.
En el último año, el debate sobre el uso de las minas ha regresado al centro de la escena diplomática internacional con una fuerza que no se veía desde los años noventa, cuando la comunidad internacional creyó haber resuelto definitivamente la cuestión firmando la Convención de Ottawa.
No fue así. En el último año, al menos cuatro países del flanco oriental de la OTAN han formalizado su salida del tratado. El 27 de diciembre de 2025, Letonia, Estonia y Lituania se retiraron oficialmente de la Convención de Ottawa, el instrumento internacional que prohíbe el uso de minas antipersona, tras haber depositado sus instrumentos de retirada ante el Secretario General de las Naciones Unidas el pasado 27 de junio. Finlandia, por su parte, notificó a las Naciones Unidas su retirada del tratado en julio de 2025, con efectos a partir de enero de 2026. Polonia completó el mismo proceso coordinado que culminó en febrero de 2026. El 18 de marzo de 2025, los ministros de Defensa de Estonia, Letonia, Lituania y Polonia habían anunciado conjuntamente su recomendación de retirarse de la Convención, citando la escalada de tensiones con Rusia y la creciente preocupación por la seguridad en el flanco oriental de la Alianza Atlántica. A estos cinco países hay que añadir el caso de Ucrania, donde la presión de resistir una invasión a gran escala ha disuelto, sobre el terreno, cualquier compromiso formal con el tratado desde el 2022.
La reacción de buena parte de la comunidad internacional fue de rechazo. Pero esa condena, por comprensible que sea desde la perspectiva del derecho internacional humanitario, adolece de un punto ciego difícil de ignorar: ninguno de los países que la suscribieron comparte frontera con Rusia, salvo los mencionados en el párrafo anterior. El ministro de Defensa lituano, Robertas Kaunas, fue directo al justificar la salida: «La decisión de abandonar la Convención de Ottawa estuvo motivada por la necesidad de reforzar las capacidades de disuasión y defensa.» El argumento común de los países salientes fue claro: la deteriorada situación de seguridad en la región, ante la creciente amenaza militar de Rusia y Bielorrusia, hacía que la adhesión al tratado comprometiera sus estrategias de defensa de su soberanía.
Existe, en el fondo, una realidad táctica que el debate humanitario tiende a soslayar. La mina antipersona, cuya popularización masiva se consolidó en la Segunda Guerra Mundial cuando ambos bandos la adoptaron sistemáticamente como instrumento de negación de área, ha demostrado una eficiencia defensiva que ningún sustituto tecnológico ha logrado igualar plenamente. Su capacidad para canalizar el movimiento de tropas enemigas, proteger franjas fronterizas extensas y compensar la inferioridad numérica las convierte en una herramienta estratégicamente valiosa, especialmente para ejércitos relativamente pequeños con largas fronteras que defender. Su bajo coste de producción, que oscila entre tres y setenta y cinco dólares por unidad, permite desplegarlas en grandes cantidades, lo que las hace especialmente atractivas para países que deben cubrir centenares de kilómetros de frontera frente a un adversario con vastos recursos convencionales. Es muy fácil juzgar a Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia o Polonia desde la comodidad de una capital alejada del frente. Más difícil es sostener ese juicio cuando se contempla el mapa y se acepta que, ante la amenaza real de una superpotencia beligerante, la mina antipersona deja de ser un dilema ético abstracto para convertirse en una cuestión de supervivencia nacional.
Y, sin embargo, la historia tiene una respuesta inapelable a esa lógica, y esa respuesta se escribe con las víctimas que quedan cuando los ejércitos se marchan.
El caso de Azerbaiyán lo ilustra con una precisión dolorosa. Tras 35 años de un conflicto que atravesó la primera y la segunda guerra del Karabaj, el Gobierno azerí se encontró con un territorio reconquistado pero sembrado de muerte silenciosa. Desde 1991 hasta mayo de 2024, el número de víctimas por minas antipersona en la región se aproxima a las 3.500 personas, entre ellas 358 niños y 38 mujeres. Solo en los últimos tres años y medio, 359 personas, la mitad civiles, pisaron una mina; 67 de ellas murieron y el resto quedaron gravemente heridas, con amputaciones múltiples en muchos casos. Las víctimas son las personas desplazadas por la guerra que volvieron a sus tierras ancestrales, los agricultores que intentaron recuperar sus campos, los niños que jugaban en los mismos terrenos donde sus padres habían jugado durante su juventud. A pesar de los millones de euros invertidos por el gobierno y sus socios internacionales, la Agencia Nacional para el Desminado (ANAMA), solo se ha eliminado el 3,3% de las minas existentes, una módica cantidad teniendo en cuenta las estimaciones de que el 12% del territorio de Azerbaiyán está contaminado por explosivos no detonados. El periodista Gervasio Sánchez, especializado durante cuatro décadas en las consecuencias de las guerras y testigo directo de los efectos de las minas antipersona sobre las comunidades del Karabaj, lo resume con una imagen que hace tangible la escala del problema: si se minara el estadio Santiago Bernabéu en un día, harían falta entre tres y cuatro meses solo para limpiarlo.
Azerbaiyán no es una excepción. En total, 58 países y territorios del mundo siguen contaminados por minas antipersona, y entre ellos al menos siete se consideran «masivamente contaminados»: Afganistán, Bosnia y Herzegovina, Camboya, Etiopía, Irak, Turquía y Ucrania. Son países que comparten una característica, y es que décadas después de que sus conflictos amainaran, la tierra sigue matando. En 2023 se registraron 5.757 víctimas de minas y restos explosivos de guerra en todo el mundo, con 2.426 muertos y 3.331 heridos. Los civiles representaron un 84% de esas víctimas, y los niños supusieron un tercio del total. No es un año excepcional: esa proporción de víctimas civiles se ha mantenido por encima del 84% durante nueve años consecutivos.
El coste económico de revertir este legado es igualmente abrumador. Retirar una mina de forma segura cuesta entre 300 y 1.000 dólares, frente a los pocos dólares que cuesta producirla. En Ucrania, donde se estima que aproximadamente 174.000 km² de territorio, una superficie mayor que la de Grecia entera, equivalente a casi un tercio del país, están contaminados con minas y restos explosivos de guerra y se estima que las operaciones de desminado podrían costar hasta 29.800 millones de dólares y extenderse durante décadas. Las exportaciones agrícolas, uno de los pilares de la economía ucraniana, han caído en 4.300 millones de dólares anuales desde el inicio de la guerra, y una parte significativa de esa reducción está directamente vinculada a las perturbaciones causadas por las minas. Y eso es solo el coste directo y cuantificable. El coste en desplazamiento prolongado, en comunidades que no pueden reconstituirse, en tierras agrícolas que permanecen abandonadas durante generaciones, escapa a cualquier cálculo limpio.
No todo el panorama, sin embargo, es desolación. El caso de Mozambique demuestra que la reversión es posible, aunque exija décadas de esfuerzo sostenido. Es el único país del mundo que ha pasado de estar gravemente contaminado en 1992 a declararse libre de minas antipersona en 2015. Los estudios sobre su proceso de desminado revelan que la recuperación económica de las zonas liberadas fue significativa y se extendió mucho más allá de las áreas directamente despejadas, al restaurar el acceso a mercados, rutas comerciales y tierras agrícolas. Camboya, por su parte, ilustra tanto la magnitud del problema como la dirección correcta: el país contaba con más de 800 víctimas de minas en el año 2000; hoy esa cifra ha descendido a menos de 30 al año, gracias a décadas de desminado sostenido financiado por la comunidad internacional. Desde la entrada en vigor del Tratado de Ottawa, 33 Estados han completado la limpieza total de su territorio contaminado, y los países miembros han destruido colectivamente más de 55 millones de minas almacenadas.
Vivimos en un momento de rearme acelerado. La guerra en Ucrania ha redibujado las doctrinas militares de toda Europa y los presupuestos de defensa suben en casi todos los países de la OTAN. La salida de cinco Estados del Tratado de Ottawa no es una anomalía: es el síntoma más visible de una revisión profunda de los equilibrios entre la lógica de la seguridad y la del derecho internacional humanitario, revisión que tiene razones reales y no desdeñables. Pero precisamente porque el mundo se rearma, es más urgente que nunca pensar en el legado que dejan los conflictos.
Las guerras terminan. Tarde o temprano, todas terminan. Y lo que queda en el suelo siempre perdura mucho más: en los campos que no se pueden arar, en los pueblos a las que los desplazados no logran volver, en las comunidades que no consiguen reconstituirse porque el suelo que las sostiene sigue siendo mortal.
El debate sobre si los países bálticos o Finlandia tienen razón al recuperar la mina como instrumento de disuasión es legítimo y no tiene una respuesta fácil. Lo que no debería ser objeto de debate es que cualquier doctrina militar que contemple el uso de estas armas debe incorporar desde el primer momento la planificación del desminado postconflicto como una obligación y no como una consideración secundaria; con medidas como un mapeo exhaustivo de las zonas minadas y un diseño de minas con sistemas de autodestrucción o desactivación automática tras un tiempo determinado. Porque en el fondo, lo fundamental es que la reflexión sobre las minas antipersona no termine cuando termina el conflicto. Que el día en que se firme la paz, ya haya alguien pensando en cómo desenterrar lo que la guerra dejó. Que el legado de la tierra, esa tierra que sobrevive a los ejércitos, a los tratados y a los políticos que los firman, sea parte central de cualquier doctrina militar contemporánea.
