En el sur de Francia, en el complejo de Cadarache, sigue avanzando uno de los proyectos científicos más ambiciosos del planeta en un contexto internacional cada vez más fragmentado. ITER, el mayor experimento de fusión nuclear jamás construido, reúne a la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, China, India, Japón y Corea del Sur en un consorcio diseñado hace más de dos décadas.
En aquella época, la cooperación tecnológica entre grandes potencias formaba parte de una lógica estratégica compartida. Hoy, ese marco se mantiene operativo pese a la imposición de amplias sanciones internacionales a Rusia tras la invasión de Ucrania.
La singularidad de ITER no reside solo en su objetivo científico —demostrar la viabilidad de la fusión como fuente de energía limpia—, sino en su estructura institucional. El proyecto se basa en un acuerdo internacional firmado en 2006 que distribuye las responsabilidades industriales entre los miembros: cada parte fabrica y entrega componentes específicos del reactor, desde imanes superconductores y sistemas de vacío hasta segmentos del recinto de contención. La Unión Europea asume aproximadamente el 45 % de los costes y actúa como anfitriona, mientras que el resto de socios contribuyen en especie mediante componentes críticos fabricados en sus propios países.
Ese diseño contractual explica por qué, desde 2022, ITER ha quedado en una zona jurídicamente ambigua respecto a las sanciones. El acuerdo no prevé mecanismos de expulsión de un socio sin poner en riesgo el conjunto del proyecto, y muchos componentes rusos ya estaban en producción avanzada o incluso entregados cuando se activaron los regímenes sancionadores. Interrumpir esa cadena de suministros habría supuesto retrasos sustanciales, litigios complejos y la necesidad de rediseñar piezas altamente especializadas que no pueden sustituirse de forma rápida.
En la práctica, la cooperación con Rusia no se ha mantenido intacta, pero sí ha sido cuidadosamente limitada. Los contactos políticos se han reducido al mínimo, la interlocución se canaliza casi exclusivamente a través de la organización ITER y los equipos técnicos trabajan bajo protocolos estrictos. Rusia sigue suministrando componentes comprometidos contractualmente y participando en órganos técnicos específicos, pero no se ha producido una normalización política ni una ampliación de su papel. Se trata de una cooperación funcional, segmentada y consciente de sus límites.
Este enfoque ha generado incomodidad y críticas, especialmente en Europa. El Parlamento Europeo ha debatido en varias ocasiones la coherencia de mantener la colaboración con Rusia en un proyecto de este calibre, y algunos Estados miembros han defendido una revisión profunda del marco de ITER. Sin embargo, tanto la Comisión Europea como los socios principales han optado por una evaluación pragmática de riesgos: romper uno de los pocos marcos globales de cooperación tecnológica existentes se considera, a medio plazo, más costoso que gestionar una colaboración estrictamente delimitada.
Desde el punto de vista operativo, ITER no ha quedado al margen de las tensiones. El proyecto acumula retrasos significativos y sobrecostes que no pueden atribuirse únicamente al contexto geopolítico, pero que se han visto agravados por él. Las dificultades logísticas, el aumento del precio de materiales críticos y la complejidad de coordinar cadenas industriales repartidas entre bloques cada vez más desconfiados han puesto a prueba la gobernanza del proyecto. Aun así, las decisiones clave —como la secuencia de ensamblaje del reactor o los calendarios de pruebas— siguen tomándose de forma colegiada.
ITER ilustra así una forma específica de cooperación científica en tiempos de sanciones. La colaboración no se mantiene por afinidad, sino porque desmontarla resulta extraordinariamente costoso y, en algunos aspectos, técnicamente inviable.
Este caso muestra también los límites de trasladar de forma automática la lógica de sanciones al ámbito de las grandes infraestructuras científicas. En proyectos donde el conocimiento, los componentes y la experiencia están profundamente entrelazados, la ruptura total no siempre es una opción realista. La alternativa, tal como demuestra ITER, consiste en contener, acotar y supervisar esa cooperación, asumiendo que la ciencia, en determinados contextos, no puede desvincularse por completo de las interdependencias que ella misma ha generado.
Fuentes: ITER Organization, documentación institucional; Euractiv, cobertura sobre la participación rusa; Politico Europe, análisis sobre ITER tras la invasión de Ucrania; Parlamento Europeo, preguntas parlamentarias sobre el proyecto; Science|Business, informes sobre riesgos y gobernanza.
