El 4 de julio de 1776, las trece colonias que se habían levantado contra el Imperio británico firmaban conjuntamente la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Aquella nueva nación, con la voluntad de ser más libre, más igualitaria y más justa, se desprendía de la subordinación a Londres para emprender un camino propio que pretendía ser ejemplar. La Constitución adoptada pocos años después quiso dar forma jurídica a esa promesa, estableciendo un gobierno sujeto a normas y controles.
Doscientos cincuenta años después, Estados Unidos no se parece en nada a aquello que prometieron sus fundadores. Basta con observar el momento en el que llega el aniversario, en medio de la celebración de un Mundial de fútbol condicionado por los vetos migratorios, de una persecución sistemática de inmigrantes a los que se criminaliza y se deporta sin garantías, del despliegue de militares en ciudades gobernadas por la oposición y contra la voluntad de sus autoridades, de un frágil memorando con Irán que apenas prorroga un alto el fuego y se hace pasar por un beneficioso acuerdo de paz, y el intento presidencial, frenado en el último momento por el Tribunal Supremo, de abolir la nacionalidad por nacimiento.
A ello se suman el indulto a los asaltantes del Capitolio, las presiones sobre medios y universidades y el uso de los recursos del Estado contra adversarios políticos. Son solo algunos ejemplos del abandono explícito de los principios sobre los que se fundó el país y la concentración de un poder sin contrapesos.
Estados Unidos se construyó sobre la separación de poderes y el respeto a los tribunales, la idea de que el poder se ejerce dentro de límites y de que la pertenencia a la comunidad política no depende de la discrecionalidad del gobernante. Sus fundadores, fervientes opositores de la tiranía característica de buena parte de las monarquías europeas de su tiempo, quisieron un Ejecutivo sometido a la ley y unos tribunales con capacidad para controlarlo. Y, bajo todo esto, subyacía la convicción de que todos los hombres son creados iguales y de que la pertenencia a la nación no se hereda por sangre ni por linaje, sino que se adquiere por el hecho de sumarse a un proyecto común.
De ahí procedía buena parte de su prestigio. La influencia estadounidense nunca se sostuvo únicamente sobre su poderío militar o económico. Descansaba también sobre la credibilidad de una república capaz de ampliar derechos, de rectificar y de encarnar una idea de libertad que muchas jóvenes democracias han tratado de imitar a lo largo de las décadas.
Conviene evitar aquí la nostalgia de una edad dorada que nunca existió. La distancia entre el ideal y la práctica ha sido, desde el principio, considerable. La esclavitud, el exterminio de los pueblos indígenas, la segregación o el apoyo a dictaduras y golpes de Estado en América Latina y otras regiones del mundo recuerdan que Estados Unidos ha incumplido de forma reiterada sus promesas fundacionales.
La diferencia es que, incluso en esos episodios, el ideal seguía operando como referencia normativa, como el criterio con el que se medía y se corregía la propia práctica. Aquellas prácticas traicionaban el ideal, aunque sin llegar a anularlo como aspiración compartida. Lo relevante ahora es que se renuncia a ella de manera deliberada y explícita.
Ese es el fondo de la cuestión. Donald Trump no defiende simplemente políticas discutibles, gobierna contra los principios en los que se fundó su país. Los vacía de contenido al tiempo que apela constantemente al patriotismo y a los símbolos nacionales. Doscientos cincuenta años después de aquella declaración, la principal amenaza para el proyecto que definió a Estados Unidos procede hoy de su propia presidencia.