La reciente decisión del Líbano de abolir la pena de muerte marca un hito fundamental en la protección de los derechos humanos en la región. Un paso trascendental que implica la conmutación de las penas de muerte ya dictadas a cadena perpetua, consolidando así el respeto al derecho a la vida, y formaliza una moratoria de facto que el país ha mantenido desde 2004.
«España expresa su felicitación a la República Libanesa por la histórica aprobación parlamentaria, ayer 11 de agosto, de la Ley para la abolición de la pena de muerte en el Líbano, que consagra la plena abolición de la pena de muerte en su ordenamiento jurídico», según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores.
«Esta decisión», afirma el Ministerio en el comunicado, «representa un hito fundamental para la protección de los derechos humanos en la región. Al dar este paso trascendental —que conlleva la conmutación de las penas de muerte ya dictadas por la cadena perpetua—, el Líbano no solo consolida el respeto al derecho supremo a la vida, sino que formaliza legalmente una moratoria de facto que mantenía de manera ejemplar desde el año 2004″.
«España»,» añade, «como país firmemente comprometido con la abolición universal de la pena capital en cualquier circunstancia y para todo tipo de delitos, celebra la determinación y el coraje de las instituciones libanesas». Con esta ley, Líbano se convierte en el 114ª país del mundo en abolir la pena de muerte para todo tipo de delitos. El Ministerio destaca que «su liderazgo inspirador en el mundo árabe acredita que el progreso en materia humanitaria y de justicia penal es posible incluso ante los desafíos de seguridad más complejos».
Según el comunicado, «la pena de muerte constituye un trato cruel, inhumano y degradante, carente de todo valor disuasorio y cuyo error judicial resulta irreparablemente irreversible. Por ello, España aprovecha esta señal de esperanza para reiterar su llamamiento global a los Estados que aún mantienen la pena de muerte a fin de que establezcan moratorias inmediatas de las ejecuciones como paso previo a su total erradicación, y urge a aquellos que planean su reinstauración, particularmente a los que quieren hacerlo de manera discriminatoria, a desistir de cualquier retroceso legislativo».
El Gobierno de España reafirma, por último, su profunda amistad con el pueblo y las autoridades de Líbano, y «manifiesta su voluntad de continuar cooperando estrechamente con el Gobierno de Líbano en sus valientes esfuerzos dirigidos particularmente al fortalecimiento institucional y del Estado de derecho, a la reforma del sistema judicial y a la incansable promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales».
