El acuerdo quedó plasmado en la Declaración de Santa Marta, que será debatida en la XXX Cumbre Iberoamericana
Representantes de gobiernos y de pueblos indigenas de Iberoamérica acordaron extender hasta 2038 el Plan de Acción para la Implementación de los derechos de los pueblos autóctonos. Durante la reunión que mantuvieron el pasado viernes hicieron pública la Declaración de Santa Marta, que será debatida en la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en noviembre en Madrid.
En el encuentro se reafirmó “el compromiso de la comunidad iberoamericana con el respeto, la promoción y la protección de los derechos de los pueblos indígenas, como componente esencial del fortalecimiento del multilateralismo, la democracia y el desarrollo sostenible en la región”, según indica la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) en un comunicado.
Los dirigentes reunidos en la ciudad colombiana adoptaron la Declaración de Santa Marta al término del V Encuentro de Autoridades de Gobiernos y Pueblos Indígenas, que se celebró en el marco del proceso preparatorio de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.
El documento reafirma el compromiso de los Estados iberoamericanos y de los pueblos indígenas para desarrollar el Plan de Acción de Iberoamérica en la Implementación de los derechos de los pueblos indígenas, cuya vigencia fue acordada extender hasta 2038, con miras a consolidar avances estructurales en la garantía de derechos y a responder a desafíos persistentes y emergentes.
En ese marco, las altas autoridades subrayaron la necesidad de fortalecer la incorporación transversal de los derechos de los pueblos indígenas en las agendas sectoriales de la Conferencia Iberoamericana, promoviendo políticas públicas culturalmente pertinentes y asegurando la participación plena, efectiva y significativa de los Pueblos Indígenas en los procesos de toma de decisiones.
Asimismo, destacaron la importancia de robustecer la articulación regional y multilateral para posicionar los derechos de los pueblos indígenas en foros internacionales vinculados al cambio climático, la biodiversidad, la desertificación, la seguridad alimentaria y el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, reconociendo la contribución sustantiva de los pueblos indígenas a la sostenibilidad ambiental, la estabilidad climática y la preservación de la diversidad biológica.
Las altas autoridades coincidieron en la necesidad de consolidar mecanismos institucionales, incluyendo instancias nacionales paritarias entre Gobiernos y pueblos indígenas, orientadas a la definición de marcos de resultados, la ejecución de acciones y el seguimiento de la implementación del Plan de Acción.
En el ámbito de la cooperación, resaltaron el papel del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) como mecanismo regional de articulación, así como la importancia de fortalecer su capacidad técnica y operativa, en coordinación con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), mediante esquemas de cooperación sur-sur y triangular, y la movilización de recursos provenientes de organismos internacionales y financieros.
La Declaración también destaca avances en materia de igualdad de género mediante la promoción de la Recomendación General N.º 39 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW, así como la relevancia de generar evidencia y datos desagregados para la formulación de políticas públicas, incluyendo iniciativas como el informe regional sobre niñez y adolescencia indígena.
De igual forma, se reafirmó el compromiso con la preservación, promoción y revitalización de las lenguas indígenas, en el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas (2022–2032), incluyendo el fortalecimiento de los mecanismos regionales especializados.
