La Agencia Internacional de la Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés) es el organismo de Naciones Unidas encargado de verificar que los programas nucleares civiles de los Estados no se desvían hacia fines militares. Su función se concentra, sobre todo, en el control del material nuclear sensible, y muy especialmente en el proceso de enriquecimiento del uranio, una tecnología de doble uso que puede servir tanto para producir combustible civil como, a partir de determinados niveles, para fabricar armas nucleares.
La capacidad de la IAEA para supervisar ese proceso —saber cuánto uranio se enriquece, a qué grado, dónde y con qué continuidad— constituye uno de los pilares técnicos sobre los que descansa la diplomacia de no proliferación.
En el caso de Irán, esta función adquirió una relevancia excepcional tras el acuerdo nuclear de 2015. Durante los años en que estuvo operativo, la IAEA desplegó en el país el sistema de verificación más intrusivo jamás aplicado a un Estado no nuclear, combinando inspectores permanentes, acceso ampliado a instalaciones, control de talleres clave y una extensa red de cámaras y sensores. Ese entramado permitía no solo verificar actividades presentes, sino reconstruir de forma fiable la historia completa del material nuclear iraní.
Ese sistema empezó a desmantelarse en febrero de 2021, cuando Irán dejó de aplicar el Protocolo Adicional —el instrumento jurídico que permite a la IAEA acceder con carácter ampliado a instalaciones, datos y actividades no declaradas— y suspendió buena parte de las medidas de verificación reforzada asociadas al acuerdo. La retirada de cámaras, la desconexión de equipos de vigilancia y la pérdida de acceso a determinados puntos del ciclo del combustible rompieron una cadena que no puede reconstruirse retrospectivamente. Incluso si el acceso se restableciera de forma inmediata, existiría un periodo opaco imposible de auditar con certeza.
La situación se agravó de forma decisiva tras los ataques contra instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025 por parte de Israel y Estados Unidos y la posterior decisión de Teherán de suspender casi por completo la cooperación con la IAEA, alegando razones de seguridad. Desde entonces, los inspectores no han tenido acceso sustantivo a las principales instalaciones de enriquecimiento, como Natanz, Fordow o Isfahán. La propia agencia reconoce que no puede verificar ni la continuidad de las actividades ni la localización del stock de uranio enriquecido al 60%, un nivel técnicamente muy cercano al grado militar.
El problema no se limita al deterioro puntual del acceso. Análisis del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) y del International Institute for Strategic Studies (IISS) subrayan que Irán ha acumulado en los últimos años cantidades relevantes de uranio enriquecido hasta el 60%, un nivel que no responde a necesidades civiles conocidas y que reduce de forma objetiva los plazos de reacción disponibles. Desde el punto de vista técnico, una vez alcanzado ese nivel de enriquecimiento, el salto hasta el grado militar exige un esfuerzo adicional relativamente reducido, porque las fases más largas, complejas y exigentes del proceso de separación del uranio ya se han realizado previamente.
Alcanzar el dominio de todas las fases del ciclo nuclear ha supuesto para Irán una inversión sostenida de varias décadas en infraestructuras, formación de personal altamente especializado y acumulación de conocimiento científico e industrial propio. Esta situación contrasta con la de otros Estados, que generan menor alarma internacional porque no dominan todo el ciclo del combustible nuclear o mantienen una cooperación continua y verificable con la IAEA. En estos casos, el hecho de no controlar de forma autónoma las fases más sensibles —en particular el enriquecimiento— implica depender de proveedores externos para obtener el combustible ya procesado y operar bajo mecanismos de supervisión estables, lo que reduce de manera significativa los márgenes de incertidumbre.
Documentos del Parlamento Europeo y de parlamentos nacionales advierten de que, cuando la verificación se debilita de forma sostenida, tienden a activarse dinámicas preventivas previstas en regímenes de sanciones anteriores, incluso en ausencia de incumplimientos demostrados. La pérdida de información compartida reduce el espacio para el compromiso y desplaza el peso de la decisión hacia escenarios de peor caso.
Fuentes: Agencia Internacional de la Energía Atómica, especialmente los informes del Director General al Consejo de Gobernadores sobre Verification and monitoring in the Islamic Republic of Iran in light of United Nations Security Council Resolution 2231 (2015) correspondientes a 2024, 2025 y 2026, que documentan la pérdida de continuidad del conocimiento, la suspensión del Protocolo Adicional y la imposibilidad de verificar el stock de uranio enriquecido al 60 %; Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) y International Institute for Strategic Studies (IISS), en particular sus análisis técnicos sobre el significado estratégico del enriquecimiento al 60 %, la no linealidad del trabajo separativo y la reducción de los plazos de reacción; Institute for Science and International Security (ISIS), en sus evaluaciones periódicas de los informes de la IAEA sobre Irán, utilizadas ampliamente como referencia técnica por gobiernos y organismos internacionales; Declaraciones y documentos del Servicio Europeo de Acción Exterior, del Parlamento Europeo y de los E3 (Francia, Alemania y Reino Unido) ante el Consejo de Gobernadores de la IAEA, que sustentan la lectura institucional sobre las consecuencias políticas de la erosión de la verificación; Cobertura de agencias internacionales como Associated Press y PBS NewsHour basada en informes confidenciales de la IAEA, que confirma públicamente las actuales limitaciones de supervisión.
