Siendo Secretario de Estado para la Unión Europea (2009-2013), tuve como colega a la italiana Federica Mogherini, que luego fue designada Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores (2014-2019). Ella lanzó la idea de la “autonomía estratégica” como objetivo de la política europea de seguridad y defensa. Una idea fértil, que posteriormente se ha extendido a las grandes políticas que aparecen en el horizonte del proyecto europeo.
La Unión, antes llamada Comunidad Europea, nació en 1957 para la paz del continente de las dos guerras mundiales, y como un mercado único, una política agrícola y, más tarde, una política monetaria. En el siglo XXI han surgido unos nuevos objetivos, que requieren nuevos mecanismos para su implementación. A ambos me voy a referir.
Los objetivos
La Unión Europea está embarcada en una triple transición: digital, ecológica y social. Una transición digital, ahora dominada por Estados Unidos y China, que es aún más estratégica tras la aplicación extendida de la Inteligencia Artificial, con efectos disruptivos en el mundo económico y en el laboral.
Una transición ecológica, de la que depende el desarrollo de nuestra civilización. La guerra iniciada por Estados Unidos contra Irán, que ha disparado el precio de las energías fósiles, es la mejor prueba de la imperiosa necesidad de cumplir el acuerdo de París, y de ir a una decidida descarbonización de la economía y a una opción decidida por energías limpias y renovables.
La tercera gran transición es la social. El pilar social es el vacío que tiene que llenar la Unión para que la joya de la corona del mundo occidental, el Welfare State, no se devalúe ante una deriva oligárquica del capitalismo financiero, y una evolución hacia la polarización y la extrema desigualdad. La Unión no fue pensada para hacer política social, que sigue siendo competencia de los Estados.
La defensa y la seguridad han adquirido una presencia en el escenario internacional que no era previsible años atrás. La geopolítica de las superpotencias y sus esferas de influencia, y el debilitamiento evidente del lazo transatlántico y de la OTAN, han obligado a la Unión a plantearse una seria reflexión sobre la necesidad de que Europa tenga por fin una seria política de defensa y una política exterior, que aún están en las manos de las soberanías de los Estados. Esto implica desarrollar una industria militar verdaderamente europea, y empezar a pensar en un ejército europeo.
Los instrumentos
Nada de lo anterior sería posible si la Unión no se dotara de los mecanismos políticos, económicos e institucionales que permitan adoptar las decisiones que lleven a cumplir los objetivos principales que acabamos de exponer.
La Unión tiene que aprobar unos Presupuestos para el período 2028-2035 que financien los ambiciosos objetivos para los que ha de servir el entramado comunitario de poder. Un 1 % de PIB europeo no es suficiente. Sería necesario llegar al 2 %, pero temo que se quede muy lejos de esa cantidad. En todo caso, un aumento presupuestario sustancial sería imprescindible.
Se exigen dos instrumentos fiscales eficaces para ejecutar unos Presupuestos que incrementen su cuantía: la deuda mancomunada y un impuesto extraordinario sobre los grandes patrimonios, quizá la llamada tasa Zucman o el impuesto mínimo del 15 % a los beneficios de las grandes corporaciones, acordado por la OCDE y boicoteado por Donald Trump.
Hay un cambio institucional que me parece necesario para alcanzar los objetivos de la autonomía estratégica. Me refiero al enorme obstáculo que para las decisiones en política exterior y de defensa constituye la necesaria unanimidad para aprobar los principales aspectos de esas políticas. La Unión tiene que abordar una reforma de los tratados que diluya el veto en tales políticas.
He ahí el problema fundamental de la autonomía estratégica. En mi opinión, una salida a este obstáculo sería la firma de un Tratado sobre política de defensa por los países que lo deseen, sin el voto por unanimidad, y con una mayoría “supercualificada”. Ese tratado podría permitir la entrada de países que no están en la UE pero tienen la importancia del Reino Unido, Noruega o Islandia. Y también es lo más adecuado para una ampliación que, tras la invasión de Ucrania por Rusia, ya no puede esperar.
