Mi generación, la de los 60, creció con el canturreo aquel de ‘Gibraltar, español’, que más que un canturreo era un entretenimiento patriotero tan corto que ni siquiera se podía cantar. En 1982 le añadimos, sin mayor aprecio por los uniformes y más por solidaridad con nuestros primos australes, supongo, lo de ‘Malvinas, argentinas’. Al menos parecía una rima, aunque de musical seguía teniendo poco.
En aquellos tiempos habían pasado, más o menos, 280 años desde que el capitán Whitaker y sus chicos ocuparon Gibraltar durante la Guerra de Sucesión. Demasiados años para tomarnos la ‘afrenta’ como algo personal los españoles de entonces.
Aún así, nosotros nos sentíamos folclóricamente legitimados para reclamar ese trozo de territorio, que fue parte de España pero dejó de serlo en 1714 Tratado de Utrecht mediante. Y nostalgia aparte —inciso: en 1980 ya no quedaba ningún superviviente del ataque anglo-holandés— lo cierto es que los españoles, al menos los que yo conozco, si lo pensábamos bien tampoco percibíamos la ‘amputación’ territorial como algo insoportable.
Dicho eso —llámenme traidor, si les apetece— lo que quiero es poner el foco en que, a las alturas del siglo XXI en las que estamos, el acuerdo Reino Unido-Unión Europea, que debe entrar en vigor el proximo 15 de julio, es lo mejor que podía ocurrir para dar solución a un contencioso sobre ‘soberanía’ enquistado y que sólo nos servía, si acaso, para ‘engorilarnos’ antes de un partido de fútbol.
Pero eso no valía, y puede que siga sin valer de nada, a los habitantes de La Línea, en particular, y del Campo de Gibraltar en general. Como no han valido las promesas de sucesivos gobiernos, incluido el último, que solo se han preocupado de la zona cuando han visto las cosas muy negras.
Porque ellos, los habitantes de la comarca, si que han sufrido durante siglos tener que vivir en una de las fronteras con mayor desigualdad económica y donde mafias de todo tipo, locales y foráneas, han crecido al calor del abandono gubernamental, creando una de las zonas de España más deprimidas social y económicamente.
Eso, tambien es cierto, sin contar con los perjuicios fiscales que Gibraltar ha causado a la Hacienda española y los quebraderos de cabeza para las fuerzas de seguridad por la actitud laxa de los ‘llanitos’ con determinadas formas de delincuencia.
El constante tira y afloja de 300 años no nos ha llevado a ninguna parte, más que a un Gibraltar enriquecido por su condición de paraíso fiscal y una zona colindante, el Campo de Gibraltar, empobrecida y dependiente de trabajos mal pagados en el Peñón para mantener una economía de subsistencia.
Peor aún. Ese descomunal desequilibrio económico, al que ninguna administración española supo dar solución, ha permitido el arraigo de mafias que, bajo la promesa de elevados ingresos irregulares, se han adueñado de la zona y han reclutado a muchos de sus habitantes para engrosar la delincuencia organizada, que se ha enfrentado con impunidad a las fuerzas de seguridad.
Así que ya tenemos varios asuntos importantes, realmente importantes, que solucionar: mafias, delincuencia, narcotráfico, trata de personas, fiscalidad, pobreza, desempleo… Y esta vez si que parece que las administraciones se han movido, fundamentalmente la Unión Europea, que tenía urgencias propias para dar solución jurídica a la relación con el Peñón tras el Brexit, como pasó con Irlanda del Norte.
En este punto conviene hacer un inciso: el Gobierno español ha estado representado en las conversaciones, sí. Pero ha sido Bruselas la que realmente ha llevado la voz cantante en el acuerdo con el Reino Unido. Por si lo hemos olvidado, recordemos su título exacto: “Acuerdo con respecto a Gibraltar entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra”. ¿Donde está la palabra ‘España’ en ese título?
Visto que el acuerdo se celebra entre el Reino Unido y la UE, el senador José Ignacio Landaluce tiene razón al criticar que el PSOE no ha apoyado la creación de la Zona Económica Especial (ZEE) que él, tambien alcalde de Algeciras, ha propuesto. Porque si la UE ha hecho su trabajo, el Gobierno español debería haber hecho el suyo.
El acuerdo “no incluye mecanismos de cohesión social ni de desarrollo económico”, ha recordado Landaluce. Es evidente que la Unión Europea ha ido a lo suyo, a solucionar el problema que le planteó el Brexit. Y es evidente también que el Gobierno español debería haber aprovechado para, con los mecanismos a su alcance, impulsar la economía de la zona. No es suficiente con ‘chupar rueda’ a la sombra de Bruselas para apuntarse después un logro ajeno.
Sorprenden los argumentos del senador socialista César Mogo, que ha tirado de cartilla para rechazar la propuesta de Landaluce. Será que es senador por Lugo y lo de Gibraltar le pilla a trasmano. Pero para decir que la propuesta de Landaluce es “oportunista” y “partidista” no hay que ser un genio de la política. Y para añadir que presenta “dificultades tributarias en su aplicación” tampoco. Verá, senador Mogo, no son “dificultades”, son “ventajas” porque se trata de facilitar la exención de tributos a quienes inviertan en el desarrollo del Campo de Gibraltar. De eso van las ZEE.
Nadie discute los beneficios de que el acuerdo contemple la supresión de las barreras físicas, de los controles sobre personas y bienes que circulen entre España y Gibraltar. Todos nos alegramos de que se incremente la cooperación policial en aspectos como la persecución ‘en caliente’ o la lucha contra el blanqueo de capitales, por poner algunos ejemplos.
Pero el acuerdo no es obra de nuestros ‘representantes’ en las reuniones Reino Unido-UE, que se han limitado a “ver, oír y hablar en voz baja”. El pacto es consecuencia del acervo comunitario, que no hay que inventarse porque ya está ahí. Lo que no estaba ahí, y el PSOE se ha limitado a dejarlo pasar con poco entusiasmo, es la Zona Económica Especial.
Por eso no deja de ser enternecedor el entusiasmo que muestran los actuales responsables de Exteriores, sobre todo el propio ministro, al hablar del acuerdo, como si lo hubieran redactado ellos de principio a fin. Son 366 artículos y 43 anexos, en total. No queda imaginación para tanto en el Palacio de Santa Cruz.
