En las últimas décadas del siglo XX hubo algunos “logros” para el progreso argentino, de hecho largamente demorado. El primero y más destacado fue la recuperación democrática a comienzos de los 80s, luego del largo ciclo de golpes de estado, por lo cual fue un hecho más que significativo que los sucesivos gobiernos electos conforme las normas constitucionales pudieran completar su mandato sin interrupción de las rebeliones militares que hasta entonces usurpaban el poder una y otra vez.
Ahora bien, esa recuperación democrática alcanzada a partir del gobierno socialdemócrata de Raúl Alfonsín en 1983, alcanzó bastante más que la continuidad de las elecciones, sino que fue reafirmando la división de poderes, el diálogo y búsqueda de concierto entre los distintos partidos y sectores de opinión y de interés sectorial y la progresiva concreción de los nuevos derechos, la consideración legal del divorcio civil. Y ello más todavía con la reforma constitucional de 1994 en acuerdo con el partido peronista -ya por entonces a cargo del poder ejecutivo- que parecía buscar fórmulas más totalitarias en las que el gobierno electo concentrase todo el poder. Esa reforma reafirmó la división de poderes, el control republicano, la mayor fortaleza del sistema federal con mayor autonomía de las provincias, en fin, una mayor intensidad institucional, amén de la incorporación al plexo normativo de la protección ambiental, de la igualdad de género, entre otros avances.
Desde ya este nuevo régimen fue sometido a prueba durante las primeras dos décadas del siglo XXI, cuando el peronismo volvió a intentar un monopolio del poder y hasta posibles nuevas reformas para limitar o hasta alterar la división de poderes. Pero el sistema político y la sociedad civil lograron sostener la vigencia constitucional y la lógica alternancia de gobiernos. Del otro lado, no se pudo evitar un creciente escepticismo sobre la capacidad del sistema democrático en dar respuestas a diversas inquietudes básicas de la población.
Pero regresando por un momento a las etapas previas de la segunda mitad del siglo XX, el otro avance que deseo destacar de la Argentina en ese siglo anterior fue la marcha del proceso de industrialización, aunque siempre incompleto y plagado de dificultades. El país tuvo históricamente una economía agro exportadora como soporte de la generación de divisas con un sector primario muy competitivo. Pero a la vez, para evitar el desempleo estructural se debió apuntar por un lado a la economía de los servicios, pero por el otro también a las actividades manufactureras que tuvieran espacio para crecer, las más fáciles a partir de procesos de utilización de las materias primas, y posteriormente otras más complejas que requirieron protección e incentivos específicos directos e indirectos.
No es simple resumir esas características del proceso de desarrollo argentino bajo el leit motiv de la “sustitución de importaciones” imperante en la América Latina desde 1960 hasta fines de los 80s. Destaco dos de ellas: una, el clásico aliciente directo dado por altos aranceles de importación así como un tipo de cambio devaluado (visto desde la comparación compleja del costo de la canasta local con una internacional o si se quiere de la más simple con el Índice Mc Donald´s de costo de una hamburguesa); la otra, un incentivo que operó mediante la aplicación de derechos de exportación a esos productos primarios que abarataron el costo local de los alimentos, amén del subsidio a los servicios públicos, lo cual en conjunto permitió que un salario industrial más bajo para facilitar la competitividad e incentivar el uso de mano de obra, mantuviera un poder adquisitivo aceptable con relación a la canasta básica de consumo de las familias.
Derribando lo existente
Los conservadores y la derecha argentina en general siempre han visto con horror ese sistema de aliciente a la industria para generar empleo. Prefieren las leyes del mercado sin controles ni intervención regulatoria alguna, más allá del costo social de ese laissez faire. Y bajo ese modelo Javier Milei prometió transformar la Argentina. En ese aspecto cabe reconocer que el actual presidente no ocultó ninguna de sus intenciones durante su campaña electoral, incluyendo el plazo esperado para que ese método arroje resultados palpables en términos del progreso general, plazo previsto en 50 años o medio siglo. Posteriormente, ya en el poder, MIlei redujo el horizonte de esa posible visualización de mejoras a nivel de la población a una generación, es decir, entre 15 y 20 años. Un gobierno constitucional en Argentina se elige por cuatro años y con reelección puede llegar a los ocho, de modo que nadie debiera pedirle a Milei resultados mientras esté en el gobierno, incluso aunque fuera reelecto.
Para implementar esa transformación, destacó que el país debía intensificar sus actividades primarias, es decir, aplicar el clásico modelo extractivista sumando para ello a la tradicional producción agraria la minería y la extracción de combustibles. Y en eso está el gobierno ahora.
El producto bruto argentino está hoy aún por debajo del nivel de 2022, y más aún en un análisis más detallado encontramos que el producto per capita ha quedado estancado en lo que va del siglo. El PBI cayó con el ajuste Milei en 2024, y tuvo una recuperación de esa caída en 2025 y repta en un cuasi estancamiento en 2026, con fuerte caída de la actividad industrial, compensada parcialmente en términos de valor agregado global por el crecimiento de la cosecha de granos y el aumento de la producción de petróleo y gas. Pero la situación de empleo empeora, los ingresos no avanzan, se registra récord de cierre de empresas de manufacturas y comercio, mientras que también sufre la construcción por baja demanda y para peor, sigue disminuyendo la inversión, la privada por no visualizar buenas perspectivas (excepto en los sectores extractivos, aunque no en todos), y la pública por efecto del notable recorte del gasto público, el que Milei denomina acción de “motosierra” por el fuerte ajuste efectuado.
El gobierno en tanto se complace en destacar en materia económica el equilibrio logrado en el presupuesto y en el mercado cambiario, éste aún no plenamente liberado ya que el acceso de las empresas está limitado del lado de la demanda, con un dólar relativamente estable que pasó a constituir la principal herramienta anti-inflacionaria. Por supuesto, la baja en la tasa de inflación es el otro logro destacado por las autoridades, lo cual es muy visible. En efecto, una tasa de aumento del costo de vida del 400% y en constante aumento a fin del gobierno de los Fernández a fines de 2023, con Sergio Massa como ministro “salvador” en Economía, descendió en la actualidad a un 2% mensual, una tasa muy alta todavía para estándares internacionales pero sensiblemente soportable en términos criollos.
Sobre esa estabilidad el gobierno reafirma su programa y atribuye los problemas sociales y de empleo a los males de la transformación del sistema productivo hacia uno más eficiente y competitivo y por supuesto sin intervención estatal, no ya sólo en términos directos porque no se debe “meter mano” en el mercado, sino también en términos de políticas activas, tales como subsidios, alicientes o promociones, instrumentos algunos como los que Donald Trump proclama en su programa America First. Claro, eso sí, hay una clara excepción a esa “no intervención” con la creación y aprobación parlamentaria de un sistema de protección a las “grandes inversiones”, el “RIGI”. Con ese instituto se otorgan a los capitales exenciones impositivas, reducción del gravamen sobre las ganancias, amortización acelerada, resguardo cambiario en cuanto las divisas que se generen con esas inversiones quedan en poder del productor que no tiene obligación de pasarlas por el mercado de cambios, amén de flexibilización de las normas ambientales aplicables, dentro de las acciones más destacadas. Los sectores protegidos para esas posibles inversiones son desde ya el petróleo y la minería, aunque ahora se pretende sumar a las actividades de innovación tecnológica como los desarrollos digitales, de software y hasta de IA si los hubiera.
Esa promoción directa, distinta de una política de mercado libre, genera para esas actividades una especie de marco especifico del tipo “economía de enclave”, con su propio régimen monetario, cambiario, impositivo y de normas regulatorias aplicables.
Pero el régimen no ha sido testeado en la justicia. Es decir, en virtud de las excesivas prerrogativas otorgadas, un gobierno distinto y con otras ideas podría en el futuro revisar y recortar o incluso cesar esas ventajas y afrontar el proceso legal frente a los reclamos esperables de los afectados. Y esa inseguridad es mayor a partir del reciente fallo de los tribunales de EE.UU. que aceptaron que la empresa de mayoría estatal argentina YPF (petrolera) incumpliera el estatuto interno basándose en normativa de su país sede. El caso fue llevado a esa instancia judicial por tratarse YPF de una firma que cotiza en la bolsa de Nueva York y aun así los jueces yankees se consideraron impedidos de actuar por ser una cuestión propia de otra jurisdicción, la Argentina. Y el Poder Judicial argentino no es precisamente el que goza de mayor reconocimiento por su independencia, una cuestión institucional a la que nos abocamos más adelante.
En tanto, para la industria nada, incluso se deja pasar por alto al menos por ahora, el impacto significativo que podría tener el reciente acuerdo entre el Mercosur y la Comunidad Económica Europea. El gobierno de Milei no sólo parece ignorarlo sino que, contrariando las normas del propio Mercosur que establece la necesidad de actuar en bloque, Argentina busca por su cuenta nuevas asociaciones comerciales directas con otros países altamente industrializados, posiblemente para mejorar su acceso a mercados de exportación de materias primas, para importar en cambio bienes manufacturados.
Con un acuerdo con la CEE el Mercosur puede ser la base de desarrollo en el cono sur de América para nuevas industrias de capitales internacionales que busquen mayor acceso al viejo continente, sean los de China, India, o cualquier otra nacionalidad. Pero esa oportunidad no parece estar en el horizonte del gobierno argentino actual. Se verá. Por ahora el proceso visible es solo el de desmontaje de industrias y el cierre de empresas.
La concentración del despegue en las actividades extractivas es de tal magnitud que mirando a toda la Argentina solo se observa euforia productiva y de empleo en una sola provincia, Neuquén, ubicada en la región andina, donde se encuentra el mayor yacimiento petrolero y de gas de esquisto (shale oil) en explotación mediante el método denominado fracking (fractura de la roca donde se encuentra el combustible). El resto del territorio parece sufrir, incluyendo la región pampeana central, la gran productora de carne y granos, en este caso en virtud del efecto letal del tipo de cambio subvaluado (dólar barato poco remunerativo para los exportadores tradicionales).
La aspiración mileista es al momento que en el largo plazo un país minero y petrolero sustituya sus pasadas fuentes de empleo sin plan compensador, ya fuera de reentrenamiento laboral o amortiguación alguna para los trabajadores afectados en ese devenir estructural. Eso sí, creó por ley un fondo de compensación por despidos, gasto éste a cargo de los empleadores en el anterior sistema, y que desde ahora se financia con los recursos del sistema previsional, los que por otra parte resultan ya escasos para hacer frente por sí solos a los pagos de las pasividades.
Como vemos la deconstrucción económica ataca no solo la base productiva histórica sino además a las manifestaciones básicas del estado de bienestar. En efecto, al tema antes citado de las pasividades (recortadas en más del 40% en términos reales) se agrega el recorte en otro tanto de las remuneraciones a los servidores públicos, a los pagos de subsidios a los discapacitados y –sin agotar la lista- a la educación en las universidades públicas.
La deconstrucción institucional
Existían muchas dudas al inicio del gobierno de Milei sobre el nivel de gobernanza como para imponer sus fuertes reformas, máxime a partir de su ataque sistemático a los partidos políticos tradicionales a los que –tomando la idea de Vox de España- calificó de “casta” enemiga del pueblo, haciendo pie ciertamente en los viejos vicios del sistema, corruptela, nepotismo larvado y muchas veces explícito, y las serias diferencias entre la acción y el discurso o las promesas, además de las frustraciones en materia de progreso social.
Pero seguramente el temor de un vasto sector de esa vieja guardia por quedar descolocada fue muy bien aprovechado por el outsider que supo sumar voluntades, malgrado la voluntad de sus líderes, en parte con el uso de instrumentos espurios, fraudes, artimañas, chantajes y hasta de abuso de poder, tal como sujetar los aportes del Tesoro a las provincias al apoyo de sus respectivos representantes en el Congreso, amén de la compra lisa y llana de las voluntades.
No se lo puede culpar a Milei del invento del método, pero su aplicación recordó rápidamente otras formas de extorsión y en particular de totalitarismo en la gestión de otros gobiernos, aunque posiblemente llevada a mayores extremos.
Un tema más que delicado es el avance cauteloso pero ya evidente sobre el sistema judicial, primero con el intento de colocar en la Corte Suprema de Justicia -que tiene hoy dos vacantes para un total de cinco posiciones- a un juez de instancias inferiores, muy conocido por su perezoso tratamiento de causas de corrupción que afecten a funcionarios o ex funcionarios, como modo de alcanzar casi de manera sistemática la prescripción (vencimiento sin sanción alguna) de las mismas. Allí el Senado de la Nación no se atrevió a aceptar la nominación. Cuando parecía que el tema judicial se daba por terminado, la reciente designación de otro Ministro de Justicia dio lugar a una negociación para la colocación de jueces en las más de 300 vacantes existentes, proponiendo varios nombres sin atención a los niveles de mérito establecidos por el Consejo de la Magistratura, un instituto tomado del sistema jurídico español e introducido en la reforma constitucional de 1994.
Debería entenderse que es suficiente el conocimiento de estos avances sobre los otros dos poderes por parte del Ejecutivo como para configurar un agravio a la institucionalidad, pero esa agresión ya estaba presente en la actitud sistemática de Milei desdeñando toda forma de concertación con la oposición, amén de criticar reiteradamente a quiénes opinen diferente.
A esta realidad presente en lo cotidiano se suma, con altas y bajas, una relación conflictiva con la prensa libre, con asertos tales como “el 95% de los periodistas son delincuentes” (sic), acusándolos explícitamente de “envenenar a la gente”. Al mismo tiempo, sus audiencias con la prensa están reservadas a la prensa partidaria, pasando a veces horas hablando en programas radiales o de streaming en los que da rienda suelta a sus excesos de lenguaje, de los que sus exposiciones en sus visitas a España son muestra suficiente. Al momento no parece haber tenido mayor éxito para acallar las voces críticas, pero nada grato les resultan a esas voces sus réplicas personalizadas y la más de las veces descalificadoras.
Mucho costo pagó Argentina por la desestabilidad institucional, durante cincuenta años desde 1930 cuando cayó el gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen hasta 1983 cuando asumió Raúl Alfonsín.
Pero eso no parece estar dentro del espectro de preocupaciones de Milei. Por lo pronto presentó al Congreso un proyecto de “reforma política” que amén de proponer el cese del sistema de elección popular de las candidaturas partidarias (primarias abiertas y obligatorias “PASO”), busca eliminar la financiación pública de los partidos políticos y su reemplazo por aportes privados sin topes ni controles. Los aportes privados hoy son admitidos pero con techos y declaración transparente. Según termine siendo el alcance de esa posible reforma será el grado de debilidad que experimenten los partidos políticos, ya de por sí en crisis por el propio panorama institucional y los demás síntomas de frustración que se observan en las democracias de Occidente.
Un futuro incierto
Más allá del desencanto de la población con la política, no se deja de advertir la creciente penuria económica, los problemas de empleo, en fin de todo aquello que antes mencionamos y sin perjuicio de la existencia de bolsones de auge y prosperidad y esos hechos van en detrimento de la popularidad del Gobierno.
El stablishment económico está al momento apoyando los proyectos que en definitiva reducen cargas, impuestos y contribuciones, si bien el sector industrial, el de la construcción y el comercio comienzan a reclamar acciones de impulso a la actividad que logren alguna reversión de las tendencias negativas. Y al mismo tiempo, ese conjunto afronta otro debate interno acerca de la conveniencia de continuidad de un gobierno mileista o bien estimular alguna alternativa dentro del centro derecha pro empresario, que ofrezca una posición social menos confrontativa y con menos desgaste de imagen.
Pero del otro lado, la oposición aparece desmembrada, sin liderazgos sensibles y dañada por los tránsfugas amigos del poder que cambiaron de pertenencia, trámite en el que algunos observadores visualizan un proceso parecido al del Perú, que presentó en las últimas elecciones y en su Congreso una constelación de partidos o fracciones políticas, ninguna de las cuales alcanzó un porcentaje significativo de adhesiones (excepto, claro, cuando llegan los dos mas votados a un ballotage o segunda vuelta electoral).
Si esa oposición no extremista desde el centro a la izquierda moderada podrá nuclearse en un frente conjunto para presentarse como alternativa, o por el contrario seguirá fragmentada, es una primer incógnita. La otra es si la derecha hará un recambio o se unirá nuevamente detrás de Milei, o bien se dividirá al igual que la oposición.
Esa incertidumbre política se extiende hoy a la economía, no ya en términos del “riesgo país” es decir de la medida de la confianza en el pago regular de los vencimientos e intereses de la deuda pública externa Argentina, confianza que aumenta (riesgo en baja) conforme se incrementan las tenencias de divisas del Banco Central, sino en lo que hace al futuro desempeño de la economía doméstica. Y esa incógnita explicaría que la inversión privada no reacciona, a pesar de que el Gobierno pueda en breve acceder al mercado voluntario de deuda, amén de otorgar en tanto mayores incentivos al ingreso de capitales.