La escalada del conflicto en Irán ha devuelto a Oriente Próximo al centro de las preocupaciones económicas globales. Para España, el impacto no debe analizarse únicamente desde la óptica de la exposición directa al país persa, sino desde su papel dentro de una economía europea profundamente interconectada y vulnerable a los shocks energéticos y logísticos.
A primera vista, la economía española parte de una posición comparativamente más sólida que la de otros Estados miembros. Sin embargo, esa ventaja relativa no la inmuniza frente a perturbaciones que actúan por canales indirectos y sistémicos.
La exposición comercial directa de España a la región del Golfo Pérsico es limitada. Las exportaciones de bienes y servicios a Oriente Próximo representan en torno al 2 % del total y apenas el 0,7 % del PIB. Tras la crisis energética iniciada en 2022, además, España ha reforzado varias de sus fortalezas estructurales: una elevada capacidad de regasificación, una amplia diversificación de proveedores energéticos y una menor dependencia del gas ruso que otras economías industriales del centro y norte de Europa. Esta combinación reduce de forma significativa el riesgo de interrupciones físicas de suministro, un factor clave desde el punto de vista de la estabilidad macroeconómica.
Desde 2022‑2023 se ha intensificado el uso y la optimización de las siete plantas regasificadoras operativas en España, todas ellas gestionadas por Enagás, consolidando al país como la principal puerta de entrada de gas natural licuado (GNL) en Europa occidental. En 2024 y 2025 este papel se ha reforzado gracias a la diversificación de proveedores —Estados Unidos, Nigeria, Argelia y Qatar— y a la estabilidad de las infraestructuras. España ha podido garantizar suministro incluso en los momentos de mayor tensión de precios entre 2022 y 2024. Y aunque la regasificación, por sí sola, no abarata la factura energética, actúa como un amortiguador clave frente a escenarios de precios extremos y crisis de suministro.
Impacto indirecto vía precios
El principal riesgo económico no reside tanto en el origen del crudo o del gas como en el encarecimiento global de la energía derivado de la tensión geopolítica en el Estrecho de Ormuz. Aunque España no importe petróleo iraní, cualquier bloqueo o percepción de riesgo en esta vía estratégica funciona como un impuesto invisible sobre el conjunto de la economía europea. El repunte del precio del petróleo se traslada de forma casi inmediata a los carburantes, mientras que el encarecimiento del gas impacta directamente tanto en el mercado gasista como en el eléctrico. Si el shock se prolonga, la energía —un insumo transversal— acaba filtrándose al conjunto de bienes y servicios.
En este contexto, uno de los puntos más sensibles para España se encuentra en la cadena agroalimentaria. El Golfo Pérsico es un nodo esencial para la producción y exportación de insumos críticos como la urea y el azufre, fundamentales para la fabricación de fertilizantes nitrogenados. Un conflicto sostenido en la región eleva los costes de estos productos y, con ello, los costes de producción agraria.
La agricultura española tiene un peso económico que explica esta vulnerabilidad. En 2024, la Producción de la Rama Agraria alcanzó los 67.483 millones de euros, situando a España como cuarto productor agrario de la Unión Europea por valor y como primer país en renta agraria, con 36.760 millones de euros. El sector representa entre el 2,5 % y el 2,8 % del PIB y es un pilar estratégico tanto para el empleo rural como para la balanza comercial.
Este volumen productivo exige un uso intensivo de insumos. En 2024, la agricultura española consumió más de cuatro millones de toneladas de fertilizantes, de las cuales una parte sustancial procede del exterior. Solo ese año, España importó más de 3,26 millones de toneladas de fertilizantes, confirmando una elevada dependencia del suministro internacional. Dado que la producción de fertilizantes nitrogenados está estrechamente ligada al precio del gas natural, cualquier escalada de tensiones en Oriente Medio se convierte en un factor de riesgo directo para los costes del campo y, con cierto desfase, para los precios de los alimentos.
Impactos sectoriales y efectos macroeconómicos
De forma más silenciosa, el impacto se extiende a industrias dependientes de materias primas cuyo tránsito pasa por Oriente Próximo. La automoción y los plásticos afrontan riesgos de encarecimiento y retrasos en derivados del petróleo, mientras que la construcción sufre el aumento de precios de áridos y productos químicos importados, con efectos directos sobre la ejecución de infraestructuras y proyectos vinculados a fondos europeos.
No sorprende, por tanto, que varios organismos hayan comenzado a revisar a la baja las previsiones de crecimiento si las tensiones en Ormuz se prolongan. El FMI ha rebajado dos décimas la previsión de crecimiento para 2026, situándola en el 2,1%. Y es que el «impuesto geopolítico» del conflicto grava toda la economía mediante la energía y los insumos básicos, ralentizando el crecimiento y complicando el control de la inflación.
El Gobierno ha reaccionado con medidas orientadas a mitigar el encarecimiento energético, combinando rebajas fiscales, ayudas sectoriales y una mayor supervisión de los mercados. Desde el Ejecutivo se insiste en que el impacto actual se explica más por precios que por problemas físicos de suministro, subrayando que España afronta este escenario desde una posición más sólida que en crisis anteriores.
